13 de Mayo de 2026
 | Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo Impronta |
| | 12 May 2026 - 23:57hrs
En México, la violencia ya no sólo amenaza a policías, periodistas, candidatos o empresarios. También ha comenzado a cercar peligrosamente a quienes tienen en sus manos una de las funciones más delicadas del Estado,impartir justicia.
El problema es más profundo de lo que reflejan las cifras oficiales. Porque ni siquiera existe un registro nacional claro, completo y actualizado sobre cuántos jueces, magistrados, actuarios o integrantes del Poder Judicial han sido asesinados, secuestrados, amenazados o atacados por ejercer su labor.
Sin embargo, los datos disponibles ya son alarmantes.
Diversos registros independientes documentan que desde 2018 se han contabilizado al menos 25 ataques contra personas juzgadoras en México. A ello se suma que entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 15 personas juzgadoras estatales, seis actuarios y dos juzgadores federales. Y especialistas advierten que la cifra real probablemente sea mayor debido al subregistro y a la falta de transparencia institucional.
El dato resulta todavía más preocupante cuando se observa el contexto reciente. Tan sólo en 2025 se reportaron nuevas amenazas, atentados y asesinatos contra integrantes del sistema judicial, evidenciando que la violencia contra quienes aplican la ley no sólo continúa, sino que parece intensificarse.
Pero quizá el mayor problema no es únicamente el número de homicidios.
El verdadero riesgo para el Estado mexicano aparece cuando el miedo comienza a infiltrarse dentro de los tribunales.
México Evalúa reveló que un porcentaje importante de personas juzgadoras y actuarios reconoce haber sufrido amenazas, persecuciones, intimidaciones, extorsiones e incluso advertencias contra sus familiares. Es decir, el crimen organizado ya no sólo disputa territorios, rutas o gobiernos municipales, también busca influir, presionar o intimidar al aparato de justicia.
Y ahí es donde aparece una pregunta incómoda pero inevitable:
¿Qué tan libre puede ser un juez que sabe que una sentencia puede poner en riesgo su vida o la de su familia?
La independencia judicial no depende únicamente de leyes escritas en la Constitución. También depende de condiciones reales de seguridad.
Un juez intimidado difícilmente puede actuar con plena libertad. Un magistrado amenazado puede optar por la prudencia antes que por la firmeza jurídica. Un actuario perseguido puede terminar limitando diligencias sensibles. Y aunque muchos funcionarios judiciales continúan actuando con valentía y profesionalismo, el entorno de violencia inevitablemente genera presión psicológica y temor.
El resultado puede ser devastador para el país.
Porque cuando el miedo entra a los juzgados, la justicia deja de ser completamente imparcial. Comienza entonces un fenómeno silencioso pero peligroso, la autocensura judicial.
No necesariamente mediante corrupción abierta, sino mediante decisiones condicionadas por el temor. Resolver evitando confrontaciones. Retrasar expedientes delicados. Evitar casos relacionados con grupos criminales. O incluso endurecer criterios para enviar mensajes de protección política o institucional.
Todo ello erosiona el Estado de derecho.
La situación además expone otra debilidad estructural,México no ha construido un verdadero sistema nacional de protección para operadores judiciales. Existen mecanismos dispersos, apoyos limitados y protocolos insuficientes frente a organizaciones criminales que hoy poseen capacidad financiera, armada y territorial en amplias regiones del país.
Mientras el crimen evoluciona, muchas instituciones de justicia siguen operando prácticamente bajo esquemas de protección del siglo pasado.
Y el problema no sólo afecta a jueces federales. En muchos casos, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad son jueces locales, ministerios públicos, actuarios y personal judicial de municipios o regiones dominadas por grupos criminales, donde el aislamiento institucional aumenta el riesgo.
La consecuencia final termina afectando a toda la sociedad.
Porque cuando un juez tiene miedo, quien pierde no es solamente el Poder Judicial. Pierde también el ciudadano que espera justicia. Pierde la víctima que busca reparación. Pierde el Estado que intenta hacer valer la ley. Y pierde la democracia misma.
México enfrenta hoy un desafío enorme, garantizar que quienes aplican la justicia puedan hacerlo sin miedo a morir por ello.
Porque en un país donde impartir justicia puede convertirse en una sentencia de riesgo, el verdadero peligro no es únicamente para los jueces, sino para el futuro del propio Estado mexicano.
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