30 de Junio de 2026
 | Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo Impronta |
| | 29 Jun 2026 - 23:44hrs
Cada proceso electoral deja una pregunta distinta para las autoridades. En esta ocasión, el mayor desafío para el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral no será únicamente organizar las elecciones de 2027, sino demostrar si las reglas realmente se aplican por igual para todos.
Aunque formalmente las precampañas y campañas aún no comienzan, la realidad política cuenta una historia diferente. Morena inició la definición de sus llamados "Coordinadores de Defensa de la Transformación", mientras que los partidos de oposición también aceleran la promoción de quienes podrían convertirse en sus candidatos. Cambian los nombres, pero el objetivo parece el mismo, llegar con meses de ventaja al arranque oficial del proceso electoral.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿de qué sirve establecer tiempos legales si todos comienzan antes?
La legislación electoral es clara al proteger el principio de equidad. Ningún aspirante debería contar con una ventaja indebida sobre los demás. Sin embargo, cuando un político recorre estados, organiza eventos multitudinarios, difunde propaganda, fortalece estructuras territoriales y mantiene una presencia permanente en medios y redes sociales, resulta cada vez más difícil sostener que se trata únicamente de actividades internas del partido.
Si el INE y el Tribunal Electoral decidieran aplicar la ley con toda su fuerza, las consecuencias podrían ser históricas. No se limitarían a emitir llamados de atención. Podrían ordenar la suspensión de procesos internos, retirar propaganda, cancelar eventos, imponer multas millonarias e incluso negar el registro de candidaturas si se acredita que existieron actos anticipados de campaña. En casos extremos, si esa ventaja ilegal terminara alterando la equidad de la contienda, incluso podría abrirse la puerta a la nulidad de una elección.
No sería una decisión menor. Sería uno de los precedentes más importantes desde la reforma político-electoral de 2014.
Sin embargo, también es cierto que estos escenarios rara vez se materializan. Los partidos han perfeccionado una estrategia jurídica que consiste en cambiar el nombre de las campañas. Ya no hablan de candidatos, sino de coordinadores, promotores, enlaces o representantes territoriales. El discurso cambia, pero muchas veces las actividades son prácticamente las mismas.
Además, las autoridades electorales suelen actuar con cautela. Cancelar la candidatura de un político con alta competitividad implica un enorme costo político e institucional. Por ello, en numerosas ocasiones las sanciones terminan reduciéndose a multas económicas o medidas correctivas, sin modificar realmente las condiciones de la competencia.
El problema es que esa prudencia también puede enviar un mensaje peligroso, que violar los tiempos electorales resulta rentable. Si la peor consecuencia consiste en pagar una multa meses después de haber conseguido un amplio posicionamiento entre el electorado, la ventaja obtenida difícilmente podrá revertirse.
La fiscalización será otro aspecto decisivo. Todos los recorridos, espectaculares, brigadas, transporte, producción audiovisual, publicidad digital y eventos públicos representan recursos económicos que deberán contabilizarse. Si esos gastos no son reportados correctamente o exceden los límites permitidos, podrían abrirse nuevos procedimientos sancionadores.
Pero quizá el mayor reto no sea jurídico, sino de credibilidad. Si el Tribunal establece un criterio estricto, deberá aplicarlo sin importar el partido involucrado. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PT o cualquier otra fuerza política tendrían que sujetarse exactamente a las mismas reglas. De lo contrario, la percepción de parcialidad terminaría debilitando aún más la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
La elección de 2027 no solo definirá nuevos gobiernos estatales. También pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral para hacer valer uno de sus principios fundamentales, que todos los competidores inicien la carrera desde la misma línea de salida.
Porque la verdadera equidad no consiste únicamente en contar los votos el día de la elección. Comienza mucho antes, cuando las autoridades deciden si harán cumplir las reglas o permitirán que la competencia empiece seis meses antes para quienes tienen más recursos, mayor estructura política o mejores condiciones para adelantarse.
El tiempo corre y los recorridos ya comenzaron. La decisión que tomen el INE y el Tribunal Electoral no solo marcará el rumbo de la elección de 2027; también definirá si las reglas electorales en México siguen siendo un límite real para el poder o simplemente una referencia que los partidos pueden rodear con nuevos nombres y viejas estrategias.
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