07 de Septiembre de 2026
![]() | Lic. Raymundo Jiménez Al pie de la letra |
| | 07 Sep 2026 - 04:08hrs
La trágica muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, es otra prueba más de que no hay crimen perfecto.
Quien o quienes decidieron acabar con su vida, al parecer quisieron simular un “suicidio”, pero el montaje fue tan burdo que en cuanto se viralizaron las imágenes del cadáver del ex secretario de Educación de Veracruz, en las redes sociales el veredicto unánime de los internautas fue que todo parecía indicar que se trataba de un asesinato.
¿Quién lo mató o quiénes lo mandaron a eliminar? Eso deberán indagarlo, y pronto, las autoridades ministeriales, incluida la Fiscalía estatal de Veracruz, aunque el caso lo haya atraído oficialmente la Fiscalía General de la Repúblicabajo el argumento de que la víctima era un legislador federal. Pero, para llegar a los autores materiales e intelectuales de este homicidio, la FGR deberá considerar todos los presuntos móviles que pudieran haber motivado este repudiable crimen.
Y es que no han faltado los que, por ejemplo, hasta han insinuado que la muerte de Zenyazen pudiera estar vinculada con el caso de la venezolana Yenifer Cristina Velázquez, tan solo por la coincidencia de que el ex secretario de Educación apareció muerto el mismo día y mes, pero cinco años después de la misteriosa desaparición de la joven sudamericana con la que presuntamente sostuvo hasta septiembre de 2021 una relación extramarital.
Tampoco faltan los que no descartan un posible móvil político, dado el poder que el coordinador de los diputados federales veracruzanos de Morena había concentrado principalmente en la zona Córdoba-Orizaba, en la región central de la entidad.
Sin embargo, otra de las hipótesis que en las últimas horas ha cobrado fuerza son los millonarios negocios que mediante su influencia política había realizado. Hasta finales de 2018, como diputado local de Morena, mantuvo un modesto estatus económico de clase media. De joven había sido “stripper” y luego consiguió una plaza de profesor, enrolándose en 2014 en el movimiento magisterialveracruzano en contra de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, donde estrechó su relación con Cuitláhuac García, quien en 2015 sería diputado federal de Morena y luego dos veces candidato a gobernador, en 2016 y 2018.
Precisamente con García Jiménez, un año después de que lo nombrara secretario de Educación de Veracruz, su patrimonio personal y familiar se disparó de manera desproporcionada. En ese periodo, 2019-2023, amasó una inexplicable fortuna, acumulando decenas de terrenos y mansiones en los principales fraccionamientos residenciales de Xalapa y otras ciudades del estado, además de vehículos de alta gama, como el automóvil Mercedes Benz negro a nombre de su hija, en el que fue hallado muerto.
Este perfil desconocido como próspero empresario al vaportambién deberá considerarse en la investigación de su asesinato, pues no se sabe si en su súbito enriquecimiento habrá afectado intereses de personajes ligados a negocios turbios.
Ayer, por ejemplo, la plataforma digital Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, publicó una investigación periodística sobre sobre cómo a través de una maniobra política-empresarial, Zenyazen se hizo de la concesión del relleno sanitario “Los Colorines”, en Nogales, Veracruz, que recibe al día entre 2 mil y 2,500 toneladas de desechos sólidos de 40 municipios, la mayoría veracruzanos –entre ellos los de Orizaba, Córdoba, Fortín y Río Blanco–, y otros de los estados de Oaxaca y Puebla.
La concesión fue otorgada en 2022 por 15 años a la empresa Materiales Oconit, representada por su hija Sidny Darian Escobar López, cuyos ingresos ascenderían a 300 millones de pesos al año, pues el vertedero cobra a cada ayuntamientoalrededor de 350 pesos por tonelada de basura depositada.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio citados por Latinus, la hija del difunto legislador morenista obtuvo en enero de 2025 un poder general dentro de Materiales Oconit, mientras que su pareja, Emilio Vanegas Fernández, había ingresado previamente como socio y administración de la empresa.
Ahora, tras su muerte, ha trascendido que la concesión a la empresa de la hija del difunto diputado le fue asignadamediante adjudicación directa cuando debía otorgarse porlicitación, y que antes de concesionarse a Materiales Oconit, el ayuntamiento de Nogales había entregado el manejo del basurero a Desarrolladora de Proyectos Loto, administrada entonces por Emilio Vanegas, quien posteriormente ingresó como socio de la empresa de su pareja.
El reportaje de Latinus refiere que, en enero de 2021, el Ayuntamiento de Nogales denunció irregularidades en la operación del relleno sanitario y que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, que entonces estaba a cargo del ex perredista Sergio Rodríguez Cortés, amigo y aliado político de Zenyazen, ordenó cerrarlo temporalmente.Y, tras la clausura, la autoridad municipal celebró un convenio con Desarrolladora de Proyectos Loto para que operara el basurero, pese a que –según la investigación periodística– carecía de experiencia en el manejo de residuos porque se dedicaba al mantenimiento eléctrico y la construcción. Empero, esta empresa sólo administró el vertedero durante un año, aproximadamente, ya que meses después el Cabildo lo concesionó por 15 años a Materiales Oconit, constituida legalmente desde 2007 para ofrecer servicios administrativos y renta de maquinaria y equipo de cómputo.
Además de la adolorida familia Escobar López, la más interesada en el crimen o “suicidio” del coordinador de los diputados federales de Morena se esclarezca pronto debe ser la gobernadora Rocío Nahle, pues aparte del ruido político que generó la sospechosa muerte de Zenyazen, anteayer, en el municipio de Omealca, ocurrió otro trágico incidente con la muerte de dos agentes federales que mientras intentaban rescatar a dos personas secuestradas fueron atacados por un grupo del crimen organizado asentado en esa región limítrofe con el estado de Oaxaca. Y es que este otro caso no solamente lastimó al presidenciable secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, sino que también tuvo repercusión hasta en la Embajada de Estados Unidos en México.