23 de Abril de 2026
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Redacción filomedios.com | CDMX | 25 Mar 2026 - 13:29hrs
La iniciativa de reforma conocida como Ley Valeria avanza en el proceso legislativo dentro de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos con el objetivo de modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Este proyecto busca establecer sanciones penales contra la creación, difusión y comercialización de contenido sexual generado mediante inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas afectadas. El origen de la propuesta se sitúa en el caso de Valeria N, cuya identidad resultó utilizada para la producción de imágenes explícitas a través de redes neuronales y herramientas de edición digital.
La necesidad de este marco normativo surge ante la detección de un vacío en la legislación vigente, debido a que normativas previas como la Ley Olimpia se enfocan en contenido de origen real y no en representaciones sintéticas o de tipo deepfake.
Los registros del Ministerio Público indican un incremento del 40% en el uso de software para la suplantación de identidad con fines sexuales en el último bienio, impactando principalmente a mujeres y menores de edad. Por ello, la Ley Valeria define como infracción penal la alteración de la imagen de un individuo mediante procesos tecnológicos para simular actos sexuales y contempla penas de prisión de entre tres y seis años, además de multas económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización.
El texto legal incluye la obligación para los proveedores de servicios de internet de retirar el contenido denunciado en un plazo máximo de 24 horas tras la notificación judicial y prevé mecanismos para que los sentenciados cubran los costos de reparación del daño, incluyendo la limpieza de la huella digital de la víctima.
La implementación de esta ley generará un precedente para juzgar actos en entornos virtuales que no requieren material fotográfico real, lo que demandará la formación de peritos especializados en informática forense y el fortalecimiento de la cooperación internacional para el rastreo de direcciones IP en servidores extranjeros.
El dictamen final se someterá a votación en el pleno durante el presente periodo ordinario de sesiones para definir su integración al sistema jurídico nacional.
