07 de Marzo de 2026
Redacción filomedios.com | Washington, DC. | 28 Jun 2025 - 03:57hrs
Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sacudido el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en el país, impactando directamente a miles de hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.
En un fallo de 6-3 emitido el pasado viernes 27 de junio de 2025, el máximo tribunal limitó significativamente la capacidad de los jueces federales para emitir "mandatos judiciales a nivel nacional" que bloquean políticas gubernamentales.
Esta decisión ha despejado el camino para que una orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, emitida en su primer día de su segundo mandato, entre en vigor en 28 estados que no habían presentado desafíos legales específicos. Dicha orden busca negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense si sus padres son indocumentados.
La implementación de la orden se ha suspendido por 30 días para permitir que los tribunales y litigantes se adapten a esta nueva realidad.
Los estados bajo esta nueva orden son: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Lowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
La controversia gira en torno a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen."
Históricamente, esta enmienda ha garantizado la ciudadanía a casi cualquier persona nacida en el país. Sin embargo, la administración Trump argumenta que la frase "sujetas a su jurisdicción" no aplica a los hijos de indocumentados, una interpretación que rompe con más de un siglo de precedente legal establecido por el caso United States v. Wong Kim Ark (1898).
Esta decisión de la Corte Suprema no evalúa la constitucionalidad de la orden ejecutiva, pero al limitar los mandatos judiciales universales, permite que la política de Trump avance en gran parte del país. Esto podría resultar en un escenario de "ciudadanía a dos velocidades", donde el lugar de nacimiento determinaría si un niño es ciudadano, dependiendo de las leyes estatales o desafíos legales específicos. Se estima que alrededor de 4.4 millones de menores de 18 años nacidos en EE. UU. viven con al menos un padre inmigrante no autorizado (Pew Research Center, 2022). La implementación de esta orden podría dejar a miles de niños en un limbo legal, sin estatus ni acceso a derechos básicos.
Organizaciones como la ACLU y CASA han expresado su preocupación, aunque continúan la batalla legal buscando convertir las demandas existentes en acciones de clase para proteger a un mayor número de individuos. En el ámbito legislativo, se han reintroducido iniciativas como la "Birthright Citizenship Act of 2025" y propuestas de enmiendas constitucionales para restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales.
La decisión de la Corte Suprema intensifica este debate, sugiriendo que el destino de este derecho fundamental probablemente se decidirá en futuras contiendas judiciales en el máximo tribunal.
