06 de Marzo de 2026
Xalapa, Ver. - / H. Congreso del Estado CCS
Redacción filomedios.com | Xalapa, Ver. | 21 Ene 2026 - 17:31hrs
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, compareció este miércoles ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Veracruz como parte de la rendición de cuentas del ejercicio 2025.
A 45 días de haber asumido el cargo (tras su designación el 8 de diciembre de 2025), la Fiscal presentó un informe sobre el estado que guarda la institución y las acciones implementadas durante las primeras seis semanas de su gestión, como son acciones para la modernización institucional, optimización operativa y coordinación interinstitucional, la formalización de acuerdos con el Poder Judicial y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para el intercambio de bases de datos. También señaló que la FGE cuenta con una asignación aprobada de 1,980 millones 946 mil 002 pesos para el ejercicio fiscal 2026.
La Fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó sobre el estado de las investigaciones de alto impacto en la entidad, incluyendo redes de corrupción inmobiliaria, desvío de recursos públicos y procesos penales contra comunicadores.
Respecto al proceso penal contra el reportero Rafael “N”, detenido en Coatzacoalcos, la fiscal confirmó que el Poder Judicial eliminó el delito de terrorismo de la imputación original. Actualmente, el comunicador se encuentra bajo resguardo domiciliario vinculado por presunto encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
En cuanto al asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido el 8 de enero en Tuxpan, la funcionaria informó la apertura de dos carpetas de investigación, una de ellas en la fiscalía especializada, manteniendo la secrecía sobre las líneas de investigación telefónica.
Jiménez Aguirre detalló el desmantelamiento de una red denominada “Cártel Inmobiliario”, la cual involucra a funcionarios y exservidores del Registro Público de la Propiedad, jueces y exjueces, notarios públicos y despachos de abogados.
Asimismo, sobre el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), confirmó que existen órdenes de aprehensión pendientes tras la detención del exrector y dos colaboradores por peculado y abuso de autoridad.
Sobre el presunto desvío de 36 mil millones de pesos señalados por el Orfis en diversos municipios, la fiscal indicó que se trabaja con la Unidad de Inteligencia Patrimonial para el rastreo de activos.
La titular de la FGE marcó un cambio de postura institucional al confirmar la aceptación de tres recomendaciones de derechos humanos relacionadas con desaparición de personas y tortura.
Finalmente, ante la incidencia de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, la fiscal planteó que la creación de una unidad especializada en crímenes de odio está supeditada a que el Congreso local concrete la tipificación de dicho delito en el Código Penal del estado.
