05 de Marzo de 2026
En contexto de la noticia por Filomedios.com | Xalapa, Ver. | 22 Ene 2026 - 14:18hrs
Desde su creación, la UPAV operó bajo un esquema donde asociaciones civiles recaudaban las cuotas de los alumnos y pagaban a los docentes (figuras denominadas "asesores solidarios"). El 12 de enero de 2026, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma a la Ley de la UPAV, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle, que centraliza el control financiero en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) quien al 22 de enero de 2026, tiene un plazo de 60 días para emitir las normas definitivas de control presupuestal que determinarán cómo se pagarán los salarios pendientes a los docentes que no han cobrado en los últimos meses.
La situación jurídica de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ha escalado significativamente en los últimos días.
Entre el 17 y 19 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ejecutó órdenes de aprehensión contra tres figuras de alto nivel de la administración saliente. Los detenidos fueron trasladados al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde un juez de control les impuso un año de prisión preventiva justificada mientras se resuelve su vinculación a proceso (programada para el viernes 23 de enero).
Los funcionarios detenidos son:
1. Sergio “N”: Exrector de la UPAV. Asumió el cargo a inicios de 2025 y fue removido por la gobernadora Rocío Nahle en noviembre del mismo año tras detectarse las irregularidades.
2. Víctor de Jesús “N”: Exdirector de Administración y Finanzas.
3. Frida Narayana “N”: Exjefa del Departamento de Servicios Financieros y exdirectora de Educación Superior.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señalan un presunto daño patrimonial que asciende a 800 millones de pesos. El dinero desviado proviene de una combinación de recursos públicos estatales asignados a la universidad y, principalmente, de las cuotas de recuperación pagadas por los estudiantes.
Las autoridades estatales investigan el uso de asociaciones civiles intermediarias (el modelo "solidario") para triangular fondos. En lugar de ingresar a las arcas del estado o destinarse al pago de docentes, grandes sumas de dinero habrían sido desviadas mediante transferencias irregulares y opacidad en el manejo de efectivo.
Los exfuncionarios enfrentan cargos por:
• Peculado.
• Incumplimiento de un deber legal.
• Abuso de autoridad.
• Tráfico de influencias.
• Ejercicio indebido del servicio público.
La investigación se aceleró debido a la presión social y laboral dentro de la institución. Durante el último trimestre de 2025, la crisis se manifestó en:
• Impago a docentes: Miles de "asesores solidarios" pasaron meses sin percibir sus pagos, a pesar de que los alumnos seguían depositando sus cuotas.
• Opacidad administrativa: La falta de registros claros sobre quiénes cobraban y bajo qué concepto (se detectaron "dobles plazas" y nóminas infladas).
• Títulos rezagados: El desorden financiero detuvo los trámites de titulación de miles de egresados, lo que derivó en protestas masivas en Xalapa.
La Fiscalía ha dejado saber de manera extraoficial que las detenciones podrían continuar, ya que se investiga a los representantes legales de las asociaciones civiles que operaban como "brazos financieros" de la universidad.
Por su parte, el nuevo rector, Rodolfo Torres Velázquez, tiene la instrucción de auditar cada plantel para deslindar responsabilidades de directores regionales que pudieran haber participado en el entramado.
